Cianuro en Gotas XLV

El 18 de agosto de 2010, al promulgar la reforma a la ley de Bancos, Hugo Chávez resaltó que a partir de ese momento los banqueros no podían ser accionistas de ningún medio de comunicación. Resulta una ofensa a la memoria del líder de este proceso la reiterada y sistemática violación de esa norma, pues empresarios del sector financiero están adquiriendo medios o actuando como testaferros para esas operaciones. El caso de la Cadena Capriles es especialmente grotesco, porque hay testaferros de testaferros de testaferros. Es una operación totalmente ilegal y corrupta. En primer término, hampones con mucho poder en el gobierno dieron 140 millones de dólares de Cadivi para comprar ese grupo, cuyas propiedades eran todas en Venezuela y, en consecuencia, se debían pagar en bolívares. Es una inaudita corrupción, un verdadero acto hamponil, entregar semejante fortuna para adquirir algo que, muy bien pagado, vale la te rcera parte o menos de esos 140 millones de dólares. Por el gigantesco e influyente The Washington Post se pagaron 250 millones de dólares. Es una verdadera ofensa al sentido común y a la honradez que se asignasen dólares preferenciales para comprar periódicos venezolanos, inmuebles en Venezuela, marcas criollas y otros bienes radicados en el país. El monto fue desmesurado; una clara sobrefacturación. Por si fuera poco, el testaferro inicial fue el banquero Víctor Vargas Irausquin, dueño del Banco Occidental de Descuento y, como tal, inhábil para poseer medios.

Es que se les ven las costuras corruptas. El comprador de la Cadena Capriles es Tareck el Aissami, cuya influencia permitió el gigantesco guiso de dar 140 millones de dólares preferenciales, en una monstruosa sobrefacturación de unos bienes que, generosamente tasados, valen no más de 40 millones. El "hermano de los internos" controla el negocio, pues hasta el nuevo presidente, Carlos Acosta, es el operador financiero del Pajúo Mayor. Al frente de las operaciones periodísticas diarias el Tareck colocó a una persona de su propiedad política. El banquero Víctor Vargas Irausquin es socio en este guiso, como lo evidencia que haya colocado en el directorio a su mediopollo Pedro Rendón Oropeza. Van dejando huellas de sus corruptelas como la pintoresca venta oficial al Latam Media Holding, controlado por Hanson Group. Ni soñando, ese grupo británico tiene 140 millones de dólares ni músc ulo financiero para una compra de esa envergadura. Se trata, en consecuencia, de un verdadero delito, disfrazado de otros delitos, que incluye la presencia de banqueros controlando medios de comunicación.

El objetivo de la derecha es liberar al asesino Iván Simonovis y a otros criminales como él. La meta es demostrar, una vez más, que se pueden asesinar chavistas y no pagarlo. En esa tarea, la fiscal Luisa Ortega Díaz fue una pieza estratégica. Gracias a ella, crímenes horrendos, como el de Danilo Anderson o los más de 200 campesinos chavistas liquidados por hacendados escuálidos, están impunes, sin autores intelectuales y con peticiones respaldadas por la misma Ortega para liberar a los sicarios. Lacras como Henrique Capriles, el Enchufado Oral, andan tras el complot para sacar de la cárcel a Simonovis y otros homicidas. Y quieren que todo se haga preferiblemente antes del 8D o, al menos, que todo quede cocinado antes de esa fecha, de forma que los escuálidos no tengan miedo a salir a matar chavistas en protestas contra los resultados. Otra rata, Andres Mata, capo de El Universal, and a en campaña a favor de Simonovis, a quien entrevistó y promovió casi que como candidato a los altares. Simonovis dice que quiere ver la luz del sol, algo que él le negó a 19 venezolanos, a quienes asesinó a sangre fría, por medio de francotiradores. Porque el fondo de todo este asunto es que Simonovis es un vulgar asesino. Un ex policía tan sucio que es capaz de actuar como hampón, asesinando a personas a quienes ni siquiera conoce u odia. Mata por dinero, como los Guevara, a quienes también quieren sacar de la cárcel, como ya lo hicieron, gracias a Luisa Ortega, con Lázaro Forero o José Sánchez Montiel, alias Mazuco, ahora diputado a la Asamblea Nacional.

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A Estados Unidos se le están volteando hasta sus aliados tradicionales. Por décadas, el Vaticano fue una pieza sumisa del Departamento de Estado. Durante el pontificado de Juan Pablo II, la cooperación con la CIA fue total, apoyando a criminales como Lech Walessa y realizando acciones de desestabilización en los países con socialismo real. Luego, con el conservador Benedicto XVI, a Washington le fue fácil manejar a la Iglesia por la vía del dinero, ya que los escándalos y demandas por pedofilía la tenían al borde de la quiebra. El propio Pontífice ahora emérito debió ir a Washington con el sombrero en la mano, recibiendo desaires hasta que finalmente el gobierno se comprometió a manejar a los tribunales para lograr indemnizaciones moderadas en las acciones judiciales contra las diócesis norteamericanas. Ahora, con Francisco I, la política exterior vaticana está cambiando. En reiteradas oportunidades el nuevo Papa denuncia las atrocidades de los terroristas de Estados Unidos en Siria. Para más inri, coincide con Vladimir Putin en la necesidad de negociar en Siria, mientras que EEUU busca eternizar la guerra civil y destruir esa sufrido país.

La MUD está desesperada. Las acciones del gobierno contra especuladores y acaparadores dieron un vuelco radical al panorama electoral. Incluso muchos escuálidos están indignados con sus "líderes", por apoyar a los empresarios ladrones. El chavismo está remoralizado y entiende que con Nicolás Maduro hay un liderazgo que sigue la ruta trazada por Chávez. Por eso es cada vez más evidente que los capos escuálidos buscan salidas violentas y van a sabotear para impedir unas elecciones que saben les resultarán devastadoras. Todos los sondeos recientes apuntan a que el chavismo no sólo conservará la inmensa mayoría de las alcaldías que ahora posee, sino que ganará algunas de alto valor estratégico como Maracaibo o Sucre (Miranda). Esta última significa la muerte política de Henrique Capriles, a quien le espera un revocatorio inevitable. Henry Ramos Allup tiene lista la pala para sepultar al En chufado Oral.

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Dicho sea de paso, es pésima la cobertura de los medios públicos a la guerra contra la especulación. Mientras abusan de las transmisiones en directo, omiten informaciones en los noticieros y avances. No dan datos precisos de precios, montos en dólares recibidos de Cadivi y similares, que pongan de relieve la increíble voracidad de esos empresarios escuálidos. No queda claro que los comerciantes aspiran a ganancias superiores al 500 por cien y que maniobran para favorecer electoralmente a la oposición y, de paso, meterse un billete gordísimo. Hay una ausencia absoluta de estrategia y se nota que los periodistas andan desorientados, sin saber en qué aspectos deben profundizar y afincarse.

El pueblo escuálido, los antichavistas de a pie, tienen que acostumbrarse a exigirle cuentas a sus "líderes". Gracias a la complicidad de los medios, los dirigentes opositores pueden decir cualquier disparate o mentira, sin que luego le pidan que justifique lo que dijo. Se vieron casos aberrantes, como cuando Pablo Pérez, en mayo de 2009 y al parecer en un momento en que estaba sobrio, dijo que el rrrégimen iba a prohibir dentro de 6 meses los celulares, el blackberry y la internet. Obviamente, no se cumplió su apocalíptica predicción. Ahora salen loquitos drogados como Leopoldo López a decir que la ley habilitante es para perseguir a los antichavistas. Embustes así deberían desmoralizar a los escuálidos decentes, que ya tendrían que estar hartos de que los mientan una y otra vez los mismos politiqueros de cuarta.

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Cianuro en gotas apareció en diciembre de 2001, cuando la debilidad mediática del chavismo era absoluta. Lo elaboraba la misma Unidad de Análisis que aún ayuda en su preparación. Actualmente, hay un cerco electrónico contra el periodista Alberto Nolia, promovido por Tareck el Aissami, quien intenta silenciarlo en los medios digitales, tras haber logrado el cierre de Los papeles de Mandinga en VTV. Es un claro e inconstitucional intento de censura por parte de un funcionario. Para romper ese cerco, agradecemos que envíe estos textos a su lista de correos, esté o no de acuerdo con su contenido.

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