Cianuro en Gotas XLVI

Parece que el objetivo de algunos funcionarios fuera fomentar la impunidad. Las reformas a las leyes penales y procesales sirven sólo para que crímenes atroces queden sin castigo. Los pajúos pretenden descongestionar las cárceles por la estúpida vía de no encerrar a los delincuentes. Mientras el país desarrolla una lucha contra la corrupción, el combate luce como exclusivamente verbal. Casos gravísimos, como el de Ubaldo Vargas, los resuelven con una amonestación o poco más. Vargas, candidato escuálido a alcalde de Tucacas (Falcón), vendió terrenos que eran del Estado, tras encarecerlos con la construcción del par vial. El castigo para este hampón: 4 años y medio de cárcel, pero la pena suspendida por régimen de presentación. Es decir, que un choro que se roba terrenos de todos los venezolanos se queda con el botín y lo único que debe hacer es presentarse de vez en cuando ante un tribunal.

Otro buen ejemplo del efecto devastador de los pajúos sobre la moral pública es el de Ylse Perozo, esposa de Julio Montoya, candidato escuálido en San Francisco (Zulia). Esa delincuente confesó sus crímenes: sobreprecios en obras de las que era contratista y abandono de otras. El castigo para esos delitos: 3 años de cárcel, con la pena suspendida. Ni ella ni el ladrón de Tucacas Ubaldo Vargas, pusieron jamás un pie en una celda, ni siquiera por unos minutos. Es una vergüenza que con la excusa baladí de descongestionar las prisiones (algo cuya necesidad nadie niega, pero que hay que hacerlo construyendo las necesarias para que allí puedan estar todos los hampones sin hacinamiento) se deje sin sanción a choros peligrosos. Es un retroceso incluso si se compara con la IV República, cuando los delincuentes por corrupción no tenían beneficios procesales.

Otro delito contra el cual se supone Venezuela está en guerra también queda impune. Se trata del acaparamiento, la especulación y la usura. Todos los implicados en esos crímenes contra la economía nacional quedan automáticamente libres. Por más aguajes que haga Luisa Ortega Díaz y por más cifras que dé de detenciones, la realidad es que, por culpa de los pajúos que quieren descongestionar las cárceles, nadie va preso por robarle al pueblo.

Qué daño causa el narcotráfico. Marino Alvarado, el pran de Provea, salta en defensa del delincuente Oscar Silva y dice que su detención es un signo del "creciente autoritarismo" del gobierno. Alvarado recibe dinero de los carteles colombianos y criollos de la droga. Por esa vía, transformó una institución como Provea, que en el pasado defendió valientemente los derechos humanos, en una mampara de la oposición. Alvarado es un canalla que por plata miente deliberadamente y critica una detención por unas pocas horas, que salvó muchas vidas y se produjo en medio de un complot, con una acción arbitraria del gobierno. Hay bichitos que se prostituyen ante los narcotraficantes.

Definitivamente, la MUD está al servicio de los empresarios ladrones. La estrategia de Ramón Guillermo Aveledo, respaldada por su sigüí Henrique Capriles, es atacar toda actividad oficial en defensa del consumidor. Este martes, un grupo de delincuentes violentos reclutados por la MUD, agredió a los funcionarios de Indepabis que fiscalizaban un comercio malandro: La Piña Musical. El grupo en cuestión era numeroso, bien organizado y, además de los esbirros pagados, logró que algunos sifrinos se sumaran a la acción. En ese comercio los precios eran brutales, con márgenes de ganancia de más del 500 por ciento. El hampa enviada por el Enchufado Oral estaba advertida de que se produciría la inspección en el CCCT y preparada para actuar en cuanto llegaran los funcionarios, es decir, contaban con complicidad interna. Lo que sorprende es que haya imbéciles capaces de defender a ladrones disfrazado s de comerciantes y que haya dirigentes políticos tan bolsas que se cuadran públicamente con los acaparadores y especuladores.

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No es sólo Henry Ramos Allup quien está a la espera del fracaso electoral escuálido el 8D. Leopoldo López también calcula que Henrique Capriles no sobrevivirá políticamente a las elecciones municipales, especialmente si la oposición sale malparada en el estado Miranda. López estima que él será el nuevo capo antichavista tras la caída del otro Enchufado Oral. El ex alcalde de Chacao tiene especial rencor contra Capriles, pues éste lo sacó de Primero Justicia, le quitó la chequera de Chacao al aplastar a Emilio Graterón a través de Ramón Muchacho –antiguo efebo de Alfredo Peña-, además de perseguir duramente y hasta con violencia a los activistas de Voluntad Popular cada vez que intentan hacer proselitismo en Petare, donde hasta les han echado a los paracos de la banda Los Urabeños, que controla Carlos Ocariz, también integrante de la Logia Gay inicialmente creada por Capriles y López, con dinero robado a Pdvsa por la amá de este último, Antonieta Mendoza de López.

Quienes duden del apoyo de Henrique Capriles a los empresarios ladrones basta que vean como apoyó a Michelle Cocciolla apenas éste regresó a Venezuela, tras comprobar que no había acciones penales en su contra. El Enchufado Oral acompañó al delincuente en una caravana por Valencia, cuya concurrencia fue tan limitada que cuesta decidir quién convoca a menos gente, Capriles o Cocciolla. El aspirante a alcalde de Valencia es uno de los empresarios más ladrones del país. En su gigantesco negocio Maderas Imeca, se detectaron delitos como especulación, sobreprecios, acaparamiento, margen de ganancias brutal, además de fraudes con dólares de Cadivi y venta de productos vencidos o en malas condiciones.

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Por cierto, Michelle Cocciolla –se llama exactamente así, aunque se haga llamar Miguel- invierte sus ganancias mal habidas con sus especulaciones en Valencia, en empresas fuera de Venezuela. En efecto, ese delincuente es dueño de varias ferreterías en el estado de Florida (EEUU). Eso sí, allí no especula ni cobra sobreprecios. Vende con un porcentaje razonable de utilidad. Es decir, en su verdadera patria –que no es Italia ni Venezuela- se comporta como si fuera un comerciante honorable y no el mafioso que es aquí.

La Asamblea Nacional aprobó un enorme crédito adicional, de nada menos de 52 mil millones de bolívares, para indemnizar a los trabajadores de Viasa. Como era previsible, Venezuela debe pagar por la estafa que hizo Iberia cuando se quedó y luego quebró la aerolínea bandera venezolana. A pesar de que se demostró judicialmente que se trató de una quiebra fraudulenta, nadie fue preso por ese delito. Iberia sobornó a los fiscales de esa cloaca llamada Ministerio Público, hasta lograr la impunidad total. El terror pánico de algunos altos funcionarios a las transnacionales hace que a Iberia ni con el pétalo de una rosa, pese a su robo a la república. Mientras el Estado se desangra indemnizando por un crimen que no cometió, los hampones de Iberia siguen haciendo negocios en Venezuela y recibe de ella nada menos que 450 millones de dólares de Cadivi.

Dicho sea de paso, los trabajadores de Viasa llevan esperando sus prestaciones desde el 23 de enero de 1997. Casi 17 años aguardando por lo suyo. Muchos de ellos ya fallecieron. Algunos hasta se suicidaron por la depresión de perder toda una vida de trabajo. En ese lapso, los capos de Iberia se escondieron de la justicia venezolana. Un ladrón con mucho poder en España, Xabier de Irala, no hubo forma de llevarlo a declarar ante un tribunal español. Las autoridades de ese país, tanto las adecas como las copeyanas, ampararon a ese criminal. En esa misma etapa, Venezuela, a solicitud de esas mismas autoridades que no cooperaron, abrió juicios para extraditar a perseguidos políticos vascos, algunos de los cuales fueron entregados a un país famoso por lo brutal de sus torturas. Es esa relación irregular, desigual, en la que Venezuela lo da todo a cambio de nada a un gobierno que cada día deporta a 3 o 4 venezolanos.

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Cianuro en gotas apareció en diciembre de 2001, cuando la debilidad mediática del chavismo era absoluta. Lo elaboraba la misma Unidad de Análisis que aún ayuda en su preparación. Actualmente, hay un cerco electrónico contra el periodista Alberto Nolia, promovido por Tareck el Aissami, quien intenta silenciarlo en los medios digitales, tras haber logrado el cierre de Los papeles de Mandinga en VTV. Es un claro e inconstitucional intento de censura por parte de un funcionario. Para romper ese cerco, agradecemos que envíe estos textos a su lista de correos, esté o no de acuerdo con su contenido

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